Por: Juliana Álvarez Gallego*

Las empresas que logran crecer de manera acelerada y dinámica, por encima del 10% anual, son aquellas que efectivamente se constituyen en un motor esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo. Aunque se ha encontrado que las empresas de alto crecimiento tienden a ser pocas en número y, por ende, representan una pequeña porción del segmento empresarial, entre el 2% y 6% según cifras de la OCDE (2016), tienen una alta participación en la generación de empleo.

En Brasil, por ejemplo, estas empresas generan cerca del 30% de los nuevos empleos y en países como Reino Unido e Israel el 20% (OCDE, 2017). Dado el alto impacto que estas empresas tienen para la economía, su creación, supervivencia y consolidación se han convertido en un tema prioritario en las agendas de los gobiernos, reguladores y organismos multilaterales e internacionales.

En Colombia, un estudio realizado por Confecámaras (2017a) identificó, a partir del análisis de una muestra de 26.000 empresas que reportaron continuamente sus ventas en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), que solo 612 empresas crecieron a tasas de dos dígitos y de manera sostenida entre el período comprendido entre 2011 y 2015. De acuerdo con este estudio, solo un 2.4% de la muestra está constituido por empresas de alto crecimiento, es decir que, en Colombia, como en el resto del mundo, la aparición de estas empresas dinámicas es un fenómeno bastante inusual.

La importancia de las Mipymes en el crecimiento económico del país

Adicionalmente, este estudio encontró que el grupo de empresas de alto crecimiento en Colombia está concentrado principalmente en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuya  participación es del 73%, seguido de las grandes que aglutinan el 27% restante.  En línea con lo anterior, las Mipymes se han constituido en el principal cimiento del crecimiento económico del país. Por un lado, el tejido empresarial en Colombia está compuesto mayoritariamente por microempresas, las cuales participan con el 92.1% de las unidades empresariales, mientras que las Pymes aportan el 7.5%, es decir que, en total, las Mipymes constituyen el 99.6%. Por otro lado, de acuerdo con el Dane, las empresas de menor tamaño son las que generan alrededor del 67% del empleo y cerca del 28% del PIB.

Vale la pena tener en cuenta que el verdadero tamaño y aporte de las Mipymes puede estar subestimado, debido a la informalidad de este segmento empresarial. De acuerdo con el Estudio de Demanda de Inclusión Financiera en Colombia realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades en 2014, dos de cada tres microempresas son informales.

A pesar de la importante contribución de las Mipymes a la economía, estas se caracterizan por tener tasas de supervivencia muy bajas. En Colombia, cerca del 98% de los emprendimientos que mueren cada año pertenece a la categoría de microempresas (Confecámaras, 2017b). Las dinámicas de supervivencia y el riesgo al fracaso en el segmento de empresas de menor tamaño están asociados con distintos factores que limitan su capacidad de generar ingresos suficientes para recuperar la inversión hecha y ser rentables.

Entre estos factores se encuentran el tamaño de las empresas al nacer y el acceso a fuentes de financiamiento. Las empresas más pequeñas, por ejemplo, tienen   menos   probabilidades de sobrevivir en el mercado, pues su reducida escala limita su capacidad productiva, tecnológica y de gestión, así como su capacidad de endeudamiento, al tener menos garantías que ofrecer.

En este contexto, resulta fundamental que el sector privado y el sector público continúen trabajando de manera conjunta y decidida en la consolidación de las Mipymes como propulsoras de crecimiento económico del país. Para esto, se deben promover iniciativas que permitan masificar el acceso y el uso de los productos financieros y, en particular, del crédito para este segmento empresarial.

La falta de acceso al crédito limita el crecimiento de las Mipymes

La limitación en el acceso  al crédito   adecuado es uno de los principales motivos por los que las Mipymes no crecen. Para estas empresas es más difícil afrontar situaciones de crisis o invertir para modernizar sus operaciones e innovar cuando no tienen acceso a fuentes de financiación formales.

El Estudio de Demanda de Inclusión Financiera (2014) identificó que los microempresarios que logran acceder al crédito formal tienen mayores recursos disponibles para: i) capital de trabajo (67%), que incluye, entre otras cosas, surtir el negocio para temporadas altas o cubrir los gastos del negocio en los meses en los que los ingresos/ventas no son suficientes; ii) para inversión (21%), tanto en la ampliación del negocio como en la compra o remodelación del local; y iii) para cubrir gastos normales del negocio (18%).

El crédito entonces se convierte en una herramienta financiera que potencializa el crecimiento empresarial. De acuerdo con el estudio hecho por Luis Alberto Zuleta para la Cepal (2016), las empresas que tienen crédito presentan un mayor crecimiento en ventas, mayores márgenes de producción e inversión en maquinaria y equipo, mientras que las empresas que no tienen crédito tienen una mayor probabilidad de que sus ventas permanezcan iguales. Además, como resultado de las limitaciones en el acceso al crédito formal, las Mipymes se ven obligadas en muchos casos a recurrir a fuentes inapropiadas de financiación para apalancarse, como son los créditos informales, que resultan en estructuras financieras que no se adaptan a sus necesidades, las cuales, por lo general, tienen una inclinación hacia el corto plazo y elevados costos.

Se ha encontrado que efectivamente la tenencia de productos financieros y, en particular, del crédito por parte de las Mipymes es baja. Si bien la información de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades no está segmentada por el tamaño de las empresas, esta es muy diciente. A junio de 2017, solo 757.610 empresas reportaron tener al menos un producto financiero y, de estas, 564.927 usar alguno de estos productos activamente o lo tienen vigente. Adicionalmente, es importante mencionar que, según cifras de Confecámaras, en el primer semestre del año se crearon 38.183 sociedades (sin incluir aquellas creadas como personas naturales), pero solo ingresaron por primera vez al sistema financiero 14.883, es decir solo el 39% del total de las sociedades creadas.

Esta baja proporción plantea serios interrogantes relacionados, entre otros, con un posible sub-reporte a la Central de Información o con la posibilidad de que algunas sociedades en su proceso de constitución no estén abriendo cuentas ni productos financieros.

Al analizar los datos de las empresas reportadas en la Central de Información, se observa que el producto con más penetración es la cuenta de ahorro (507.705 empresas); sin embargo, el producto más usado es la cuenta corriente (375.095). Por su parte, la penetración de los productos de crédito es aún menor.

A junio de 2017, había 225.456 empresas con al menos un crédito comercial vigente, 85.414 empresas con crédito de consumo vigente, 74.826 con tarjeta de crédito vigente y 13.428 con microcrédito vigente.

El Estudio de Demanda de Inclusión Financiera (2014) y la Encuesta de Microestablecimientos del Dane (2016) reiteran la baja tenencia de créditos formales específicamente para las empresas de menor tamaño. Estos estudios identificaron que solo el 28% de los microempresarios tenía productos de crédito formal, mientras que un 23% contaba con algún tipo de crédito informal.  Entre las principales razones para no solicitar un crédito formal se encuentran el no necesitarlo (70%), seguido de los altos costos asociados con los intereses y comisiones, la cantidad de trámites para gestionar un crédito y la desconfianza con el sistema financiero.

El hecho de que muchas Mipymes consideren que no requieren un crédito es un problema de autoexclusión asociado con distintos factores. Por ejemplo, muchos microempresarios no solicitan un crédito porque creen que les van a rechazar su solicitud, porque desconocen la importancia de algunos productos financieros para el desarrollo de su actividad o simplemente porque no perciben la necesidad de financiamiento a pesar de su alta dependencia financiera (Zuleta, 2016). Estos factores están relacionados con la falta de educación financiera del segmento empresarial.

Por otra parte, la negación del crédito no es una barrera real en la práctica. De acuerdo con el Estudio de Demanda (2014), el 93% de los créditos solicitados por los microempresarios fue aprobado y solo un 7% de las solicitudes fueron negadas. Los resultados de la Encuesta de Microestablecimientos del Dane (2016) corroboran esta tendencia: un 22.7% de los microestablecimientos de comercio solicitaron un crédito formal para la gestión de sus negocios, un 21.9% de los microestablecimientos de la industria y un 16.2% del sector servicios. De estos, un 94.9% de los microestablecimientos de comercio, un 92.2% de la industria y un 93.3% de servicios obtuvieron el crédito solicitado. Entre las razones por las que se negaron estos créditos se encuentran los reportes negativos en las centrales de riesgo (47%), el incumplimiento de los requisitos establecidos por las entidades financieras (37%) o la insuficiencia de ingresos (15%).

Por último, resulta también preocupante el hecho de que las Mipymes tampoco tengan acceso a productos alternativos de financiamiento formal. De acuerdo con la Gran Encuesta Pyme realizada por Anif, entre el 2% y el 4% de este segmento empresarial usó el factoring y entre el 4% y el 5% el leasing durante el primer semestre de 2017. Además, esta encuesta reveló que solo proporciones marginales de las Pymes acceden a recursos de Fondos de Capital Privado o de apoyo emprendedor durante el último año.

Compromiso del gobierno con la mejora de la inclusión financiera de las Mipymes

Conscientes de esta problemática y reconociendo la importancia que tienen las Mipymes en el crecimiento económico, el Gobierno Nacional ha venido trabajando de manera decidida en promover la inclusión financiera de las empresas de menor tamaño desde hace más de una década y, lo más importante, estos temas hacen parte de la agenda del gobierno para los próximos años. En 2006, el gobierno creó la Banca de las Oportunidades, programa encargado de promover la inclusión financiera en el país. La Banca ha realizado importantes iniciativas que han logrado, por ejemplo, garantizar la cobertura geográfica del sector financiero en la totalidad de los municipios del país y apoyar el desarrollo de nuevos productos como las cuentas de ahorro de trámite simplificado, las garantías mobiliarias y el monotributo.

Si bien se han alcanzado importantes hitos, el camino por recorrer todavía es largo. Por eso, el Gobierno creó la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera en 2015 para que diseñara la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)1.

En el marco de esta estrategia se definió el acceso al financiamiento de las Mipymes como uno de sus cuatro frentes de trabajo, lo cual está alineado con los principios establecidos en la materia por entidades internacionales como el Banco Mundial, AFI, la OCDE y el G-20 en los que se prioriza a este segmento empresarial.

Para dinamizar los esquemas de financiamiento de las Mipymes, la ENIF plantea masificar el uso de las garantías mobiliarias (constituir garantías sobre bienes muebles)2 y potenciar los esquemas de financiamiento a través del factoring3, los cuales ya se encuentran regulados, pero tal  y  como se mencionó anteriormente, son subutilizados por las Mipymes, razón por la cual se requiere en ambos casos ampliar su difusión  y sensibilización para que los empresarios puedan acceder más fácilmente al financiamiento.

Adicionalmente, la ENIF propone la regulación frente a nuevos esquemas de financiación tales como el crowdfunding4, esto como parte de los elementos de innovaciones tecnológicas. Para esto último, la Unidad de Regulación Financiera, luego de la revisión de experiencias internacionales, ya se encuentra trabajando en un proyecto de decreto para ajustar la regulación.

También vale la pena mencionar que, desde los otros frentes de trabajo de la ENIF, se propone apoyar la dinamización y promoción de los pagos digitales para impulsar la generación de un ecosistema digital para los pequeños comercios. Por ejemplo, la creación de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos podrá contribuir a que las Mipymes puedan realizar transacciones electrónicas a bajo costo y de manera ágil, reduciendo el uso del efectivo.

No olvidemos que en Colombia el uso de los medios de pagos electrónicos por parte de las Mipymes es muy bajo. De acuerdo con la encuesta del uso del efectivo realizada este año por Redeban, Asobancaria y el Banco de la República, mientras que el 99% de los microestablecimientos acepta el efectivo como medio de pago, solo el 20% acepta la tarjeta débito, el 19% la tarjeta de crédito y el 11% las transferencias.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, lanzada en junio de este año, también priorizó a los microempresarios como uno de los segmentos poblacionales que debe hacer parte de los programas de educación financiera, ya que esto permitirá que las Mipymes amplíen sus conocimientos financieros y logren tomar decisiones más óptimas en cuanto al manejo de sus finanzas. Recordemos que el limitado acceso al crédito formal está asociado con un problema de autoexclusión que, en parte, puede explicarse por la falta de educación financiera en este segmento.

Conclusión

La inclusión financiera de las Mipymes ha sido y seguirá haciendo una prioridad para el Gobierno Nacional, que es consciente de la necesidad de trabajar conjuntamente con el sector privado para superar las barreras existentes y, sobre todo, desarrollar nuevos e innovadores mecanismos de financiación y transacción que redunden en condiciones financieras ajustadas a las necesidades de las empresas, en particular de las de menor tamaño, con el objetivo último de lograr que su crecimiento sea dinámico y sostenible.

 *Directora del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades

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1. Los cuatro frentes de trabajo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera son: i) promover el uso de servicios financieros; ii) estimular el acceso y uso de los servicios financieros para el sector rural; iii) implementar nuevos esquemas de financiación para Pymes; y iv) desarrollar la estrategia de educación económica y financiera.

2. En agosto de 2013 se expidió la Ley 1676. En febrero de 2014, mediante el Decreto 400 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se reglamentó el Registro de Garantías Mobiliarias que apunta a una inscripción eficiente, rápida, a bajo costo y que brinda publicidad y disponibilidad de las garantías. En septiembre de 2015, con el Decreto 1835, se reglamentó el proceso para ejecutar estas garantías.

3. Ley 1231 de 2008.

4. Crowdfunding se refiere a nueva forma de financiación a través del uso de pequeñas cantidades de recursos de varios individuos para donar o financiar, sin colateral, proyectos, negocios o actividades personales, a través de una plataforma con conexión a internet (Estrategia de Inclusión Financiera Colombia 2016)

 Artículo publicado en la Revista Coyuntura Pyme/Anif